Sábado, 18 de noviembre de 2017
quenonosjodanlavida

Solo cabía votar NO al bono social del bipartito PP-PSOE

El pasado martes 31 de enero se votó en el Pleno del Congreso de los Diputados el Real Decreto-ley RDL 7/2016 por el que se regula, básicamente, el mecanismo de financiación del llamado bono social eléctrico. El título del Real Decreto también hace alusión a “otras medidas protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica”, pero como podría comprobar cualquier lector, más allá del sistema de financiación del bono, el resto es un vacío pendiente de articulación a través de procedimientos durante los próximos tres meses. Es decir, con los plazos definidos, concluirá el frío invierno y aún estaremos esperando la definitiva regulación del bono social. A día de hoy, el RDL deja en el aire con qué criterio van a definir nuestros gobernantes y sus fieles socios el consumidor vulnerable (sujeto de aplicación del bono social) y sus distintas categorías, así como el consumidor vulnerable severo (atendido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas). Un consumidor vulnerable severo que saca a la luz una realidad lacerante y de máxima actualidad, ya que como muy bien sabe el gobierno, en grandes ciudades, donde los servicios sociales llegan a un gran número de población, el 80% de los casos con amenaza de corte de luz no están siendo atendidos por los servicios sociales.

Y esto es solo una parte. Ni rastro de un debate sobre la pobreza energética, su alcance y las causas, un problema que afecta a más de 5 millones de personas que queda de nuevo oculto a la opinión pública y del que el bono social eléctrico es solo la punta del iceberg. Una pobreza energética que debe atender en su conjunto los servicios básicos de agua, gas, luz de las viviendas como un derecho básico de la ciudadanía que debe cubrir el Estado y sus distintas administraciones.

Es decir, en resumidas cuentas, lo que se votó en el pleno del pasado martes fue simplemente el sistema de financiación del bono. Y todo porque el gobierno estaba obligado a modificar el modelo de reparto tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a modificar el régimen de financiación al considerarlo “discriminatorio” e incompatible con la directiva europea 2009/72/CE. Eso sí, en lugar de diseñar un sistema de financiación equitativo entre las partes, el gobierno excluye a los generadores de la financiación del bono haciendo recaer su coste exclusivamente en las comercializadoras, y en el reparto entre las mismas, lo establece en función del número de suministros (clientes) en lugar de la cantidad de energía (kWh) vendida a esos clientes. ¿Es relevante este criterio?. Lo es; esta medida perjudica a las pequeñas comercializadoras, que principalmente tienen abonados en el sector doméstico, frente a las grandes compañías eléctricas, que tienen clientes industriales de gran consumo y que, con este criterio, computan igual que un pequeño consumidor doméstico. Esto nos afectará directamente como consumidores ya que el margen de las ofertas de las pequeñas compañías y cooperativas comercializadoras se reducirá, su situación se hará más frágil e incidirá finalmente en el nivel de “concentración” del mercado eléctrico en el lado de la demanda, ya de por sí reducido.

Pero no es solo eso, ni siquiera es lo más determinante. El sistema de financiación definido, el de antes y el de ahora, parte de una premisa en su formulación: la fragmentación del problema, es decir, aislar bono social y su realidad subyacente, la pobreza energética, de una problemática social conjunta que como tal debe ser abordada. La llamada “pobreza energética” tiene un gran valor discursivo al poner sobre el tapete uno de los rostros más duros de la crisis social que vivimos, pero debe ser afrontada desde la perspectiva de unos servicios esenciales (y públicos) que las administraciones del Estado deben cubrir, un derecho social que debe ser prestado y alejado de cualquier concepción asistencialista. La “pobreza energética” es una de las muchas caras de un problema más grave y generalizado de pobreza y exclusión social que afecta a la mayoría social trabajadora de este país, por lo que no parece razonable inscribirlo en exclusiva dentro de una política energética, sino que convendría abordarlo desde una política social en su sentido más amplio. No serían, por tanto, las empresas eléctricas ni sus consumidores las que garanticen en exclusiva su financiación, ya que trasciende la problemática energética. Desde IU siempre hemos defendido el papel del estado en la economía, y una vez más, le corresponde al Estado ser el garante de los derechos ciudadanos. Debería ser por tanto el gobierno el que, a través de los Presupuestos Generales del Estado y una política impositiva progresiva, asuma la financiación y el coste en las partidas correspondientes al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, junto con el resto de medidas para atajar la exclusión social, vulnerabilidad económica o pobreza en general. Esta política social debe ir acompañada de otro tipo de medidas políticas, y ahí, nuestra apuesta, por ejemplo, por el “trabajo garantizado” camina en ese sentido de garantizar los derechos básicos de la ciudadanía: pan, techo y trabajo.

Finalmente, reflejar que nuestra crítica no es solo al contenido, sin duda lo más importante, sino también al procedimiento. En lugar de abordar el problema de la pobreza energética o los servicios básicos (eso ya sería pedir la luna) en su globalidad a través de un proyecto de ley, abriendo así un proceso de debate en el que los grupos políticos pudieran aportar nuestras enmiendas, se tramita como Real Decreto-ley firmado entre el PP y su aliado el PSOE, al que no cabe enmienda alguna. En una tarde se solventa toda posible discusión y quedamos pendientes de la futura benevolencia del gobierno y sus aliados en la definición del consumidor vulnerable y vulnerable severo. Pero no somos los partidos políticos del hemiciclo los únicos olvidados, el gobierno ha ninguneado en este proceso las opiniones y aportaciones concretas de organizaciones de consumidores (FACUA), movimientos sociales (APE, PAH) y otras plataformas como NME (por un Nuevo Modelo Energético) implicadas activamente en la lucha contra la pobreza energética.

Después de lo relatado, ¿alguien alberga dudas sobre las razones que llevaron a Unidos Podemos a votar NO al RDL 7/2016?.

Jorge Martínez Crespo
Responsable IU Madrid MMSS y Movilización Social

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