El problema de los derechos políticos y sociales en España los últimos años

Hace varios años, en un programa de Telecinco que después fue retirado por presiones a la cadena, salió a la luz el fraude sobre las hipotecas concedidas por los Bancos a personas que querían comprarse una buena casa o un coche: les explicaban a situación de tal manera y les iban camelando que les convencían y firmaban las hipotecas que, en realidad, tenían intereses muy altos, de forma que se quedaban con una deuda por no poder pagarla y los Bancos se quedaban con los bienes que habían dejado en garantía del pago. También en el período 2011-2015 hemos visto casos de desahucios en el que se veían personas ancianas o enfermas, mientras que los Servicios del Ayuntamiento de Madrid, controlado por el PP de Ana Botella, cortaban el agua y la luz para forzarles a irse o la actuación policial en las protestas de «Rodea el Congreso», el 14-N, o las «Marchas de la Dignidad»: Mossos d´Escuadra golpeando a un niño de 13 años, negando el auxilio a éste, agentes de la Policía Nacional empujando y golpeando a una chica o cargando contra personas inocentes en Madrid, incluso introduciéndose en una estación de Metro, haciendo que uno caiga por las escaleras y deteniéndolo posteriormente, por no mencionar la agresión a otro joven en la comisura de los labios y a un reportero de Telecinco que estaba cubriendo los hechos, que resultó herido leve, además de las detenciones de «Alfon» o «Néstor», detenidos en la Huelga General del 14-N y siendo fabricados sendos procesos orquestados desde el poder político para hacerles ver como «violentos» y criminalizar así la protesta social

Sin embargo, el antecedente más cercano de la actual represión política es la Ley de Partidos de 2002, la cuál supuso el dominio hegemónico del Partido Popular y del Partido Socialista sobre el sistema ya que en base a dicha Ley numerosos partidos(la mayoría de la «izquierda abertzale») fueron ilegalizados por una presunta conexión con la organización terrorista ETA, ya que no determina la naturaleza de las actividades que se pueden considerar como «terroristas», siendo tratados sus militantes conforme a la Ley Antiterrorista: hasta este momento la represión llevada a cabo por el Estado capitalista español había sido discreta y silenciosa desde 1977, enfocada selectivamente hacia aquéllos grupos que manifestaban una resistencia activa y visible con respecto a la Monarquía heredada del franquismo mientras que se toleraba a los movimientos políticos y sociales que aceptaban las normas del juego impuestas por las clases dominantes, como ya nos hemos referido en algún momento. El Gobierno socialista de Felipe González, en el poder desde 1982 hasta 1996, se dedicó a la privatización de los sectores industriales y la consolidación del modelo capitalista mientras que, a partir de 1987, las cúpulas sindicales se «aburguesaban» conchabándose con la gran patronal y entrando a formar parte de los Consejos de Administración de entidades bancarias, abandonando la lucha que habían mantenido durante la dictadura: esta situación originó una red de clientelismo entre el Gobierno y los líderes sindicales, y, en segundo lugar, entre los sindicatos y la patronal por la que se generó una situación de predominio de las grandes empresas sobre la clase obrera que permaneció solapada por el virtual crecimiento económico que estaba atravesando España desde la década de 1980 y que se ha visto al descubierto tras el estallido de la crisis en el año 2007 a causa de la «burbuja inmobiliaria», a su vez originada por la actividad especulativa de las constructoras edificando de manera desmedida que provocó el exceso de oferta respecto en viviendas

La represión del Estado capitalista se ha recrudecido en los últimos años porque los grupos dominantes han empezado a ver peligrar sus chanchullos y beneficios económicos ante el nuevo despertar de la nueva izquierda, surgida de los movimientos populares como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca(PAH) o el Movimiento 15-M, y articulada junto a Izquierda Unida u otros grupos de la izquierda transformadora: sus objetivos se han enmarcado en un modelo de violencia contra los disidentes y en la preparación de procesos judiciales falsos con el fin de desacreditarlos catalogándolos de «violentos» o «terroristas» y lograr de esta manera su repudio por parte de la opinión pública para mantener la estabilidad del sistema. España no se rige por una verdadera democracia, sino por una dictadura encubierta