Sábado, 18 de noviembre de 2017
castas

La izquierda y la lucha contra la corrupción

En el transcurso de la presente crisis cíclica capitalista, una de las luchas  de la izquierda ha sido dirigida  contra la corrupción de “la clase/casta política”. Cierto es que en España existe ese problema, pero ni ha sido el causante de la crisis ni la izquierda debe gastar energías en esta cuestión.

Si algo ha sido  llamativo en el último lustro ha sido que el Estado Español ha perseguido policialmente con cierta eficacia los delitos relativos a la corrupción. La mayoría de los cuales cometidos por altos cargos del partido gobernante, el conservador PP ¿Ha sido fruto este cambio de la presión popular? No, como casi siempre, este cambio ha sido forzado por el poder real, el capital, en este caso los grandes acreedores del Reino de España.

Como todos sabemos, la crisis bancaria se llevó por delante todos los ahorros públicos del  Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Cuando llegó el turno de salvar a Bankia y Catalunya Banc, ya no se disponía de capital suficiente para llevar a cabo tal operación. Rajoy acudió a nuestros socios europeos solicitando un préstamo para llevar a cabo tal operación. “España” fue “rescatada” para que a su vez “rescatase” los bancos y para tal fin recibió un préstamo de hasta 100.000 millones de euros.

Pero este crédito no fue “sin condiciones” tal y como nos querían hacer creer el gobierno y los medios de comunicación afines, sino que el gobierno obligó a todos los españoles frente a la Comisión Europea,  el BCE, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y el FMI, firmando  un “Memorando de Entendimiento sobre condiciones de Política Sectorial Financiera, hecho en Bruselas y Madrid el 23 de julio de 2012, y Acuerdo Marco de Asistencia Financiera, hecho en Madrid y Luxemburgo el 24 de julio de 2012”. Este documento se publicó en el BOE. En la lógica de la economía capitalista el acreedor quiere que le sean devueltos capital e intereses y que las condiciones del préstamo se intente establecer las máximas garantías para este objetivo.  Si un deudor, en este caso el Estado Español, no recauda lo suficiente, no podrá devolver el capital. El memorándum establece una intervención blanda, en comparación con la intervención griega, pero sí que se establecen medidas de garantía, información, a inspecciones, prevención del fraude y auditorías. Especialmente acuerda el memorando que: “Las autoridades del Estado Miembro Beneficiario preverán y aplicarán medidas apropiadas referentes a la prevención y a la lucha contra el fraude, la corrupción y otras irregularidades que pudieran afectar a la Asistencia Financiera”.

Si que es cierto que antes de esa fecha las policías, fiscalía y jueces habían sido cada vez más sensibles a los delitos relativos a la corrupción,  a partir de ese momento los representantes del BCE y el FMI podían pedir explicaciones (y las han pedido)  a las cúpulas policiales y de la fiscalía.  Eso se tradujo en una veda libre en persecución de los delitos económicos ante la impotencia de la cúpula del PP. Antes, y cuando se había llegado a juicio, los delitos cometidos por los cargos conservadores habían acabado en sentencias absolutorias, como son los casos “Naseiro” y el de los “Trajes de Camps”.

A partir del rescate bancario ya no existen personas o instituciones con inmunidad (a excepción del monarca), alcanzando las causas a ex-ministros, diputados, senadores,  presidentes de CCAA, al mismo Partido Popular  y a  miembros de la familia de los Borbones. La acción conjunta de la Agencia Tributaria con la de la Fiscalía Anticorrupción y las unidades especializadas de las policías han conseguido un aumento importante de la recaudación (aún en tiempo de crisis) lo que sumado al recorte de gasto social y la bajada de los tipos de interés han conseguido que la deuda se esté pagando puntualmente.

El gran capital no sólo está interesado en la persecución de la corrupción y el fraude para asegurar los retornos de los préstamos, sino que también presionan al estado “beneficiario”, en este caso España para que luche contra las corrupciones atávicas que se producen en los ámbitos de la obra pública o en el sector financiero que han impedido, de hecho, que las multinacionales de ambos sectores no hayan podido implantarse en España. Han sido escandalosas las prácticas corruptas en las adjudicaciones públicas. En algunos casos, como en el de las contratas para los medios aéreos de extinción de incendios, las adjudicaciones se acordaban en el marco de una cacería en Ciudad Real, entre políticos y empresarios, quizás inspirados en la famosa película de Berlanga. En el caso de la obra pública es costumbre pujar por muy debajo del coste real, el truco es que posteriormente, los empresarios en convivencia con altos funcionarios y autoridades políticas, hinchan los sobrecostes de las obras. Por ejemplo, los cables de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, obtenidos por Wikileaks, decían que la oferta de Sacyr para la ampliación del Canal de Panamá  de 3.120 millones de dólares no daba ni para “poner el hormigón”.

Aún hay un motivo putativo más por el que el capital quiere luchar contra la corrupción. Todos somos consciente que ha existido  la mala gestión y/o corrupción en muchas  empresas y entes públicos. Inmediatamente los medios de comunicación privados y en manos de fondos de inversión claman por su privatización, con un interés lógico de convertir las astillas y prebendas en legales beneficios bancarios, que aumentarán a su vez con la previsible bajada de sueldos de sus empleados.

Por último, instalados en la corrupción atávica y  picaresca de cierta burguesía española se encuentran los casos de Ausbanc o Manos Limpias cuyo único interés en la lucha contra la corrupción estriba en que posibilita la extorsión a banqueros, empresarios o miembros de la  Casa Real española.

Creo sinceramente, que la izquierda debería centrarse en medidas económicas, políticas y sociales que afecten directamente a la clase trabajadora y dejar en manos de la Fiscalía anticorrupción la persecución de estos delitos, pues esa es su función constitucional, tienen los medios adecuados y, últimamente, lo están haciendo bien, con la excepción escándalos de la petición de la fiscalía de exonerar a la infanta de la causa en la que está imputada. Si que opino  que la labor pedagógica de la izquierda en esta materia es resaltar que la corrupción no es un delito cometido exclusivamente por políticos, sino también por funcionarios. Además, estos no suelen tomar la iniciativa en la comisión del delito, sino que suele ser el empresario, desde su poderío económico el que corrompe al responsable de la gestión de los fondos públicos. Estableciendo  un símil, no existirían las prostitutas sin los puteros.

Por Carlos Martínez

@carlosmartinezr

Colabora con La Dialéctika

Acerca de La Dialéctika

mm
Expresión vallekana con clase y de clase

También puedes ver

encuentro-mujeres

Encuentro de mujeres vallekanas

Desde la Secretaría de Mujer del PCE de Puente de Vallekas inauguramos el próximo fin …

4 comentarios

  1. Este señor dice: “Últimamente la fiscalía lo está haciendo bien”. Me ha dejado sin palabras. Artículo que mezcla churras con merinas

    • Para no mezclar churras con merinas, el artículo habla de la persecución judicial de la corrupción y dije que la fiscalía anti-corrupción trabaja bien, excepto en el caso de la infanta. Esta semana hay otro caso en el que la fiscalía no ha cumplido con su misión, el caso del presidente de la CCAA de Murcia. No me refería a la fiscalía en otros ámbitos. Si conoces algún caso más de que la fiscalía anticorrupción luego del rescate bancario no haya acusado a los corruptos, estaría agradecido eternamente que lo comentases. Saludos. Carlos.

  2. Antes de ponerse a opinar debería aprender a escribir, aunque sean obviedades como es el caso

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *