Lunes, 11 de diciembre de 2017
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Sobre la Ley Montoro

El 15 de febrero de 2013, el Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunciaba la intención del Gobierno de someter a la aprobación del Parlamento una Ley de “racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”. Esta ley tiene como objetivo “frenar el gasto excesivo de las administraciones públicas”, es decir, no superar un tope de déficit público ni un tope de deuda y respetar la Regla de Gasto.

Esto es consecuencia de ese “acuerdo express” del artículo 135 de la Constitución por parte de PP y PSOE, que impone la estabilidad presupuestaria como prioridad de la política económica.

La Ley Montoro también provoca que se restrinjan las competencias de los ayuntamientos, con lo que primaría la privatización forzosa de los servicios frente a su municipalización, aumentando así sus costes. Por tanto, a la ciudadanía le saldría más caro esos servicios no sólo en el ámbito presupuestario sino también en lo que respecta a las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores, que se verían deterioradas.

Con la desaparición de pequeñas entidades locales, la Ley Montoro evita que las ciudadanas y los ciudadanos participen de una manera más directa -y por tanto más democrática- en la gestión de bienes comunes. Esto hace que esos bienes sean explotados por otras estructuras con intereses bastante alejados de los de la ciudadanía.

Gracias a esta ley, la vida de la población rural también se verá afectada ya que dará lugar a graves repercusiones medioambientales debido a los procesos de privatización y el abandono del campo, siendo las zonas rurales las que pueden necesitar más unos servicios públicos. Estas zonas, resultan un recurso de subsistencia y autoempleo gracias a, por ejemplo, la actividad silvícola. Por tanto, los terrenos dedicados a estas actividades, ahora podrían ser una antesala para la construcción de megaproyectos.

Debemos ser conscientes de las consecuencias de la privatización para la ciudadanía y actuar en apoyo de la municipalización y la creación de consorcios públicos en sectores estratégicos, porque los servicios públicos como el agua, la energía, etc. no son mercantilizables.

No podemos permitir que se favorezca únicamente a unos pocos en pro de sus intereses económicos atacando el bienestar de la mayoría social, que representa la realidad de este país.

Las instituciones más cercanas a la gente son nuestros ayuntamientos. Por todo esto, tenemos que luchar para que nuestras ciudades sean más habitables, que se preocupen primero por el bienestar de su gente. Tenemos que acabar con la asfixia que nos intentan vender disfrazada de “iniciativa para la gente”. Tenemos que apostar por ciudades con derechos.

 

 

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Acerca de Bea Rubio

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19 años. Estudiando Comunicación Audiovisual en la UMA. Militante de IU y PCE Torremolinos.

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