El Estado con la Tercera Edad

Un Estado verdaderamente social y de Derecho, como reza el artículo 1 de la Constitución monárquica de 1978, debe de otorgar servicios a sus ciudadanos sin que deban pagar por ellos: me refiero a la Educación, la Sanidad y la asistencia social a la Tercera Edad, en la cuál me centraré en este artículo: actualmente el Gobierno reaccionario de Mariano Rajoy mantiene a nuestros ancianos en una situación precaria, no garantizando las pensiones que legítimamente les corresponden conforme a su etapa laboral «robando» millones del Fondo de Pensiones para otros menesteres y, por otro lado, se les da un trato sanitario deplorable, debiendo de pagar sus medicamentos a pesar de su condición de pensionistas, además de que aquéllos que permanecen en sus casas por no poderse mover debido a alguna incapacidad física, no reciben, de manera suficiente, la visita del médico respectivo

El Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, es el encargado, por imperativo legal, de que la Tercera Edad reciba la debida atención tanto en Centros de Salud, como en Centros de Especialidades y en Hospitales para tratar sus enfermedades causadas por su edad o que les surjan de manera independiente a ésta y que nuestros ancianos reciban sus pensiones conforme al trabajo realizado a lo largo de su vida, además de no tener que pagar sus propias medicinas mientras que los que no se valgan por sí mismos y, debido a eso, necesiten asistencia sanitaria a domicilio, no vean recortados sus derechos legítimos para que «otros» se enriquezcan a su costa. Toda esta situación agravada además por la injustificable estafa llevada a cabo por las empresas eléctricas, que suponen un verdadero problema para los ancianos que viven solos al no poder pagar el recibo de la luz y tener que usar otros medios de iluminación y calefacción, poniendo en relieve que, por ejemplo, recientemente dos ancianas a las que habían cortado la luz por no pagar la inenarrable factura de la luz fallecieron en incendios al manipular una vela

Por ello, los/as comunistas, en ejercicio de nuestra defensa de los derechos legítimos del pueblo, debemos de reivindicar lo expresado en el párrafo anterior mediante la lucha política y social en la calle, organizándonos y movilizándonos contra las políticas antipopulares llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular, aunando nuestro esfuerzo con otras fuerzas progresistas y anticapitalistas, cohesionando al tejido social obrero para expandir la lucha al resto de la sociedad